La nueva norma promueve la generación de empleo formal a través de estímulos de tipo fiscal.
El pasado 29 de diciembre el Presidente de la República sancionó la Ley 1429 como Ley de Formalización y Primer Empleo.Con medidas tan atractivas como un 0% de impuesto de renta los primeros dos años de existencia y una progresividad que lleva a pagar el 100% tan sólo al cabo del sexto año se vislumbran grandes oportunidades para que, por ejemplo, pequeñas empresas formales inicien su actividad económica del 30 de diciembre del 2010 en adelante. Así, un proyecto con menos de 50 empleados y activos inferiores a 5.000 Smlmv (la pequeña cifra de 2.700 millones de pesos) obteniendo su registro mercantil en el 2011 contará con una ventaja competitiva enorme frente a sus competidores en operación. De al menos 33% de margen en su negocio, eso sin contar con los otros beneficios que la norma trae para incentivar la formalización.
Sin embargo, dicha ley no se limita a promover formalización a través del interesantísimo incentivo tributario en renta, lo hace también a través de medidas novedosas como una favorable progresividad para el pago de parafiscales y de la tarifa del registro mercantil, así como de una radical simplificación del trámite correspondiente a la liquidación de empresas entre otros. Promueve la generación de empleo formal a través de estímulos de tipo fiscal para cuando se beneficien jóvenes, reintegrados, desplazados, incapacitados y mujeres mayores, a la vez que simplifica algunos trámites laborales. En resumen, ofrece un atractivo marco para que inicien proyectos legales, registrados, que pagan impuestos y compiten por salir adelante.
Definitivamente se trata de una excelente iniciativa, busca atacar una de las grandes barreras al desarrollo de la competitividad en el mercado nacional, la informalidad. Si bien no es la primera vez que se propone desde lo normativo una política pública concreta, sí puede ser esta una oportunidad única para quienes pretenden, ya sea formalizar un proyecto empresarial existente o apenas iniciarlo. Las ventajas las ofrece esta ley respecto de quien no ha contado con registro mercantil, nunca han tributado ni vinculado a sus trabajadores a la seguridad social y de los emprendedores que ahora se organizan con el ánimo de abrir espacios en el mercado.
Con la informalidad hemos convivido en Colombia desde siempre, sus niveles en lo empresarial han sido tradicionalmente altos (inaceptablemente altos diríamos con justicia), en muchos sectores encontramos cifras superiores al 50% de los negocios en la informalidad. En el tema laboral la situación no es diferente, el empleo informal supera el formal. Se ha venido desarrollando un círculo vicioso alrededor de un fenómeno que se constituye en una trampa bastante compleja, de la cual no es fácil salir. La comodidad de la informalidad produce un letargo nefasto para la competitividad. Por definición, la empresa informal no tiene acceso al sistema financiero, sus conflictos deben ser ventilados a través de mecanismos no institucionales, ven limitada la posibilidad de acceder a programas públicos de capacitación y apoyo; en general, se mantienen al margen de las buenas iniciativas de promoción y desarrollo, tanto públicas como privadas. En la medida en que mantenerse como informal es gratis, en que permanecer en esa situación no se percibe como ilegal (difícilmente se sanciona), y en buen número de oportunidades y sectores carecer de existencia formal no es un factor que disuada al consumidor, apelmazarse en la informalidad termina siendo bastante confortable.
De ahí que se imponga acompañar el impulso que la nueva ley ofrece con un coherente programa que promueva la formalización como una alternativa, oportunidad, una ventaja, no sólo para el Gobierno y para el empresario, sino también para el consumidor. Es evidente que la empresa constituida legalmente, por el simple hecho de tributar,puede proveer información y en muchos casos permitir vigilancia y control, beneficia los propósitos del Gobierno y facilita la priorización de objetivos de política pública. Lo difícil está en la acreditación de los beneficios para los dos últimos.
Estimular al empresario informal resulta bastante complejo si se trabaja con horizontes de corto plazo. Si bien puede afirmarse con base en la estadística que los ingresos de la empresa informal son más bajos que los de la legalmente constituida, las utilidades pueden llegar a ser no tan diferentes (DNP, informalidad en Colombia: nueva evidencia. Marzo del 2007). Resulta indispensable en esa medida transmitir el mensaje adecuado, demostrar las claras ventajas que tanto en materia de acceso a capacitación, a ayudas estatales, al crédito, a sistemas de información, como de la misma visibilidad ante los consumidores genera este proceso. Igualmente conviene advertir los riesgos que se corren sin seguridad social ni riesgos profesionales para los trabajadores y para la misma empresa, al lado de la ventaja de garantizar al empleado un sustento a la hora del retiro. Evidentemente no es igual la apreciación en todos los sectores y en todas las regiones, menos aún contrastando el fenómeno en un ambiente rural y uno urbano. De ahí que desde la planeación de la promoción de la formalidad se deban considerar las particularidades de los destinatarios del mensaje sin caer en generalizaciones.Desde la perspectiva del consumidor hay un gran trabajo por hacer. El empresario formal existe para el Estado, para las instituciones, es identificable, susceptible de ser ubicado y notificado. Normalmente tendrá un patrimonio y, en esa medida, ofrece un respaldo frente a los servicios o bienes que comercializa. Esto no sucede con el informal, cuya existencia y compromiso con el consumidor pueden ser igualmente efímeros. El proceso de formación del consumidor responsable y enterado debe enfatizar en el respaldo que para sus propios intereses ofrece la existencia legal de su proveedor. Acudir a la informalidad no ofrece garantías, no implica control de mínimos de calidad ni respaldo.
Quien desde siempre ha vivido de lo que comercializa, sin contar con registro mercantil, sin declarar ni pagar impuestos, sin obtener permisos de funcionamiento y así ha logrado mantener una clientela que le permite sostener su proyecto empresarial, tal vez verá como insuficientemente seductora una propuesta de no pagar renta en dos años y luego hacerlo en forma escalonada. A él hay que seducirlo presentando las verdaderas oportunidades que se abren en la formalidad, a sus consumidores hay que explicarles el respaldo que eso implica. Es perfectamente viable afirmar que la informalidad en nuestro entorno hasta cierto punto constituye un problema cultural y de desinformación.
La ecuación es sencilla, si los costos y cargas de ser formal son superiores a las ventajas de ser informal, la represión será única vía. Si los costos y cargas se pagan con los beneficios, la pedagogía y difusión serán la mejor estratega. De un lado la imposición, del otro la persuasión, la orientación.
Los esfuerzos para patrocinar el desarrollo de proyectos empresariales sostenibles y formales, unidos a la identificación de las verdaderas causas de la informalidad (pasando por debates tan pertinentes como el del nivel del salario mínimo), serán en esa medida del interés de todos.
Gustavo Valbuena Quiñones.
Ex Superintendente de Industria y Comercio.
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